LEY ORGANICA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION FEDERAL

 

TEXTO ORIGINAL.

 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 10 de enero de 1936.

 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Gobernación.

 

El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:

 

«LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

 

DECRETO:

 

«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

 

 

LEY ORGANICA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION FEDERAL

 

 

TITULO PRIMERO

 

REGLAS GENERALES

 

 

Capítulo I

 

Disposiciones fundamentales

 

ARTICULO 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

 

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;

 

II.- Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;

 

III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

 

ARTICULO 2o.- El juicio de amparo se substanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que determina esta ley.

 

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

 

ARTICULO 3o.- En los juicios de amparo todas las promociones deberán hacerse por escrito, salvo las que se hagan en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 de esta ley.

 

 

Capítulo II

 

De la capacidad y personalidad

 

ARTICULO 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta Ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

 

ARTICULO 5o.- Son partes en el juicio de amparo:

 

I.- El agraviado o agraviados;

 

II.- La autoridad o autoridades responsables;

 

III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:

 

a).- La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento;

 

b).- El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;

 

c).- La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo.

 

IV.- El Ministerio Público Federal.

 

ARTICULO 6o.- El menor de edad podrá pedir amparo sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente o impedido, pero en tal caso, el juez, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio.

 

Si el menor hubiere cumplido ya catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda.

 

ARTICULO 7o.- La mujer casada puede pedir amparo sin la intervención del marido.

 

ARTICULO 8o.- Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes.

 

ARTICULO 9o.- Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.

 

ARTICULO 10.- El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo podrán promover juicio de amparo contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil. También podrán promover el juicio de amparo contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

 

ARTICULO 11.- Es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.

 

ARTICULO 12.- En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

 

Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio.

 

ARTICULO 13.- Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales.

 

ARTICULO 14.- No se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva y siga el juicio de amparo; pero sí para que desista de éste.

 

ARTICULO 15.- En caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, el representante de uno u otro continuará en el desempeño de su cometido cuando el acto reclamado no afecte derechos estrictamente personales, entretanto interviene la sucesión en el juicio de amparo.

 

ARTICULO 16.- Si el acto reclamado emana de un procedimiento del orden penal, bastará, para la admisión de la demanda, la aseveración que de su carácter haga el defensor. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.

 

Si apareciere que el promovente del juicio carece del carácter con que se ostentó, la autoridad que conozca del amparo le impondrá una multa de diez a cien pesos y ordenará la ratificación de la demanda. Si el agraviado no la ratificare, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión; si la ratificare, se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado mientras no constituya representante.

 

ARTICULO 17.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad o mujer casada. En este caso, el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y habido que sea, ordenará se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.

 

ARTICULO 18.- En el caso previsto por el artículo anterior, si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se hubiere podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca del juicio de amparo, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, mandará suspender el procedimiento en lo principal y consignará los hechos al Ministerio Público.

 

Transcurrido un año sin que nadie, se apersone en el juicio en representación legal del agraviado, se tendrá por no interpuesta la demanda.

 

ARTICULO 19.- Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados en las audiencias para el sólo efecto de que rindan pruebas, aleguen y hagan promociones en las mismas audiencias.

 

ARTICULO 20.- Cuando en un juicio de amparo la demanda se interponga por dos o más personas, deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas.

 

Si no hacen la designación, el juez mandará prevenirlas desde el primer auto para que designen tal representante dentro del término de tres días; y si no lo hicieren, designará con tal carácter a cualquiera de los interesados.

 

 

Capítulo III

 

De los términos

 

ARTICULO 21.- El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.

 

ARTICULO 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

 

I.- Los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días, que se contarán desde que la propia ley entre en vigor;

 

II.- Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.

 

En estos casos, la demanda de amparo puede interponerse en cualquier tiempo;

 

III.- Cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en asuntos judiciales del orden civil, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiere fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contado en ambos casos, desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio, quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior.

 

No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.

 

ARTICULO 23.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los del año, con exclusión de los domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.

 

Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales, y cualquiera hora del día o de la noche será hábil para tramitar el incidente de suspensión en estos casos, hasta resolver sobre la suspensión definitiva del acto reclamado y dictar las providencias urgentes para cumplir la resolución en que se haya concedido.

 

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados ni para el Gobierno, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con arreglo al artículo 178 del Código Penal.

 

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, los jueces podrán habilitar los días y las horas inhábiles, para la admisión de la demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión no comprendidos en el segundo párrafo del presente artículo.

 

ARTICULO 24.- El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes:

 

I.- Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento;

 

II.- Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción hecha de los términos en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a momento;

 

III.- Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva;

 

IV.- Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.

 

ARTICULO 25.- Para los efectos del artículo anterior, cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquéllas depositaren el escrito u oficio relativo en la oficina de correos o telégrafos que corresponda, dentro de los términos en que deben hacer dichas promociones conforme a la ley.

 

ARTICULO 26.- No se computarán dentro de los términos a que se refiere el artículo 24 de esta ley, los días hábiles en que se hubiesen suspendido por causas imprevistas las labores del juzgado o tribunal en que deban hacerse las promociones.

 

Se exceptúan de lo prevenido en el párrafo anterior, los términos relativos al incidente de suspensión

 

 

Capítulo IV

 

De las notificaciones

 

ARTICULO 27.- Las resoluciones deben ser notificadas a las partes, a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen dictado, y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dichas resoluciones.

 

El quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a cualquiera persona con capacidad legal, para oír notificaciones en su nombre. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, en repuesta a la notificación, rendir las pruebas que hubiesen sido ofrecidas por el interesado y alegar en las audiencias.

 

ARTICULO 28.- Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán:

 

I.- A las autoridades responsables, por medio de oficios que serán entregados, en el lugar del juicio, por el actuario del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada, con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere libro talonario, se recabará el recibo correspondiente;

 

II.- Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él.

 

Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado;

 

III.- A los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible y de fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si alguna de las partes mencionadas no se presenta a oír notificación personal hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá por hecha, poniendo el actuario la razón correspondiente.

 

En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará el número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables y síntesis de la resolución que se notifique.

 

ARTICULO 29.- Las notificaciones en los juicios de amparo directamente promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que resulten de los procedimientos seguidos ante dicho tribunal, con motivo de la interposición de la revisión o de cualquier recurso, o de la tramitación de cualquier asunto relacionado con el juicio de amparo, se harán en la forma siguiente:

 

I.- A las autoridades responsables, por medio de oficio por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, cuando se trate de notificar el auto que admite la revisión o cualquier otro recurso; el que declare la competencia o incompetencia de la Suprema Corte para conocer de una demanda; y los autos de sobreseimiento. El testimonio del auto que deseche una demanda o de la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia en amparo directamente promovido ante ella, remitido a la autoridad responsable, surtirá respecto de ésta, efectos de notificación en forma. Los jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que deseche cualquier recurso o de la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia en juicios de amparo promovidos ante dichos jueces, notificarán esas resoluciones a las autoridades responsables que no sean ejecutoras, por medio de oficio remitido por correo en pieza certificada con acuse de recibo; y a la autoridad responsable ejecutora, en igual forma pero acompañándole copia certificada de la resolución que tenga que cumplirse.

 

En todos los demás casos, los trámites serán notificados a las autoridades responsables por medio de lista que llenará los requisitos que señala la fracción III del artículo anterior.

 

II.- Al Procurador General de la República se le notificará personalmente el primer auto recaído en los expedientes respectivos para el efecto de la designación del Agente que deba intervenir en el asunto. Las demás notificaciones al Ministerio Público se harán por lista.

 

III.- Fuera de los casos a que se refieren las fracciones anteriores, las notificaciones en la Suprema Corte de Justicia, en materia de amparo, se harán con arreglo a las fracciones II y III del artículo anterior.

 

ARTICULO 30.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes, podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; y en todo caso la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio, se hará personalmente.

 

Las notificaciones personales se harán conforme a las siguientes reglas:

 

I.- Cuando deban hacerse al quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír notificaciones en el lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto, el actuario respectivo buscará a la persona a quien deba hacerse, para que la diligencia se entienda directamente con ella; si no la encontrare, le dejará citatorio para hora fija, dentro de las veinticuatro siguientes; y si no espera, se hará la notificación por lista.

 

El citatorio se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquiera otra persona que viva en la casa, después de que el actuario se haya cerciorado de que vive allí la persona que deba ser notificada; de todo lo cual asentará razón en autos. Si la notificación debe hacerse en la casa o despacho señalado para oír notificaciones, el actuario entregará el citatorio a las personas que vivan en esa casa o se encontraren en el despacho, asentando razón en el expediente. El citatorio contendrá síntesis de la resolución que deba notificarse.

 

II.- Cuando no conste en autos el domicilio del interesado, ni tampoco la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el actuario lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al presidente de la Suprema Corte, al de la Sala respectiva, al juez o a la autoridad que conozca del asunto, para que provea lo que corresponda. Salvo que se ordene expresamente al actuario que investigue el domicilio, la notificación se hará en estos casos por lista.

 

III.- Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio o la designación de casa o lugar para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, la petición será reservada hasta que el interesado llene la omisión, notificándose el trámite por lista.

 

ARTICULO 31.- En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la mejor eficacia de la notificación, la autoridad que conozca del amparo o del incidente de suspensión, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerla conforme al artículo 28, fracción I, de esta ley. El mensaje se transmitirá gratuitamente, si se trata de cualquiera de los actos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 23 de esta ley, y a costa del interesado en los demás casos. Aun cuando no se trate de casos urgentes, la notificación podrá hacerse por la vía telegráfica, si el interesado cubre el costo del mensaje.

 

ARTICULO 32.- Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las disposiciones precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad.

 

Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, se substanciará en una sola audiencia, en la que se recibirán las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán de media hora para cada una, y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declarare la nulidad de la notificación, se impondrá una multa de diez a cincuenta pesos al empleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia.

 

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas, se desecharán de plano.

 

ARTICULO 33.- Las autoridades responsables estarán obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio.

 

ARTICULO 34.- Las notificaciones surtirán sus efectos:

 

I.- Las que se hagan a las autoridades responsables, desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas.

 

II.- Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en los juzgados o Suprema Corte.

 

 

Capítulo V

 

De los incidentes en el juicio

 

ARTICULO 35.- En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley.

 

Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de substanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que dispone esta ley sobre el incidente de suspensión.

 

 

Capítulo VI

 

De la competencia y de la acumulación

 

ARTICULO 36.- Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado.

 

Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

 

Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.

 

La misma regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.

 

ARTICULO 37.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación.

 

ARTICULO 38.- En los lugares en que no resida juez de Distrito, los jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado tendrán facultad para recibir la demanda de amparo, pudiendo ordenar que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren por el término de setenta y dos horas, que deberá ampliarse en lo que sea necesario, atenta la distancia que haya a la residencia del juez de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes respectivos y procederá conforme a lo prevenido por el artículo 144. Hecho lo anterior, el juez de Primera Instancia remitirá al de Distrito, sin demora alguna, la demanda original con sus anexos.

 

ARTICULO 39.- La facultad que el artículo anterior reconoce a los jueces de Primera Instancia para suspender provisionalmente el acto reclamado, sólo podrá ejercerse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

 

ARTICULO 40.- Cuando el amparo se promueva contra un juez de Primera Instancia y no haya en el lugar otro de la misma categoría, o cuando reclamándose contra diversas autoridades, no resida en el lugar juez de Primera Instancia o no pudiere ser habido y siempre que se trate de alguno de los actos enunciados en el artículo anterior, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de las autoridades judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, si es que en él reside la autoridad ejecutora. El juez recibirá la demanda y procederá conforme a los dos artículos precedentes.

 

ARTICULO 41.- En los casos a que se refieren los artículos anteriores, si el promovente del amparo no justificare que la autoridad ejecutora señalada en la demanda reside dentro de la jurisdicción del juez ante quien la haya presentado, el juez de Distrito impondrá al quejoso o a quien haya promovido en su nombre, a su abogado, o a ambos, una multa de diez a quinientos pesos, salvo que se trate de actos de los mencionados en el artículo 17. Esta multa se impondrá aun cuando se sobresea en el juicio por desistimiento del quejoso o por cualquier otro motivo legal.

 

ARTICULO 42.- Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro del mismo Circuito.

 

Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un magistrado de Circuito es competente el juez de Distrito más próximo del Circuito inmediato a la residencia de aquel.

 

ARTICULO 43.- Cuando se trate de actos de autoridad que actúe en auxilio de la Justicia Federal o diligenciando requisitorias, exhortos o despachos, no es competente para conocer del amparo que se interponga contra aquéllos el juez de Distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado, o que hubiere librado la requisitoria, despacho o exhorto, aun cuando la autoridad responsable esté dentro de su jurisdicción, aplicándose en este caso lo dispuesto por el artículo anterior.

 

ARTICULO 44.- Las Salas respectivas de la Suprema Corte de Justicia son competentes para conocer, en única instancia, de los juicios de amparo que se promuevan en contra de las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles o penales, así como de los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje.

 

ARTICULO 45.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

 

También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.

 

ARTICULO 46.- Cuando se promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de amparo de que no deba conocer en única instancia, se declarará incompetente de plano y remitirá la demanda con sus anexos al juez de Distrito a quien corresponda su conocimiento. El juez designado en este caso por la Corte, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51 de esta ley.

 

ARTICULO 47.- Cuando alguna de las Salas de la Suprema Corte tenga conocimiento de que otra Sala de la misma está conociendo de amparo o de cualquier otro asunto de que aquélla deba conocer, dictará resolución en el sentido de requerir a ésta para que cese en el conocimiento y le remita los autos. Dentro del término de tres días, la Sala requerida dictará la resolución que crea procedente. Si estuviere conforme con el requerimiento, cesará en el conocimiento del asunto, y con suspensión del procedimiento hará saber su resolución a la requeriente, remitiendo los autos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia para que el Tribunal Pleno, dentro del término de ocho días, resuelva lo que proceda.

 

ARTICULO 48.- Cuando se turne a una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de amparo directo o en revisión, o cualquiera otro asunto en materia de amparo, y estime que con arreglo a la ley no es competente para conocer de él, lo declarará así y remitirá los autos a la Sala que, en su concepto, lo sea. Si ésta considera que tiene facultades para conocer, se avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, comunicará su resolución a la Sala que se haya declarado incompetente y remitirá los autos al Presidente de la Suprema Corte para que el Tribunal Pleno, dentro de los ocho días siguientes, resuelva lo que estime procedente.

 

ARTICULO 49.- Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el artículo 44, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin resolver sobre la suspensión del acto reclamado. El Presidente de la Suprema Corte decidirá, sin trámite alguno, si confirma o revoca la resolución del inferior. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder de quince días para la presentación de las copias y del informe correspondiente; y en el caso de revocación, mandará devolver los autos al Juzgado de su origen, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito.

 

Si la competencia de la Suprema Corte apareciere del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el juez de Distrito se declarará incompetente conforme al párrafo anterior, y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para los efectos de las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional en relación con los artículos 171 a 175 de esta ley.

 

ARTICULO 50.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de Distrito en el Distrito Federal, en que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano con todos sus anexos, sin demora alguna, al juez de Distrito que corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto.

 

ARTICULO 51.- Cuando el juez de Distrito ante quien se haya promovido un juicio de amparo tenga conocimiento de que otro está conociendo de otro juicio promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean diversos, dará aviso inmediatamente a dicho juez, por medio de oficio, acompañándole copia de la demanda, con expresión del día y hora de su presentación.

 

Recibido el oficio por el juez requerido, previas las alegaciones que podrán presentar las partes dentro del término de tres días, decidirá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, si se trata del mismo asunto y si a él le corresponde el conocimiento del juicio, y comunicará su resolución al juez requeriente. Si el juez requerido decidiere que se trata del mismo asunto y reconociere la competencia del otro juez, le remitirá los autos relativos; en caso contrario, sólo le comunicará su resolución. Si el juez requeriente estuviere conforme con la resolución del requerido, lo hará saber a éste, remitiéndole, en su caso, los autos relativos, o pidiendo la remisión de los que obren en su poder.

 

Si el juez requeriente no estuviere conforme con la resolución del requerido, lo hará saber a éste, y ambos jueces remitirá (sic) al Presidente de la Suprema Corte de Justicia copia certificada de las respectivas demandas, así como de las constancias conducentes de los autos, expresándose la fecha y hora de la presentación de las demandas.

 

Recibidas por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia las copias certificadas a que se refiere el párrafo anterior, tramitará el expediente y con audiencia del Ministerio Público, y las alegaciones que las partes presenten por escrito, lo turnará a la Sala respectiva, la cual, dentro del término de ocho días, resolverá lo que proceda, determinando cuál de los jueces contendientes debe conocer del caso, o declarando que se trata de asuntos diversos, y que cada uno de aquéllos debe continuar conociendo del juicio ante él promovido.

 

Cuando en cualquiera de los casos a que se refiere este artículo se resolviere que se trata de un mismo asunto, únicamente se continuará el juicio promovido ante el juez originariamente competente; por lo que sólo subsistirá el auto dictado en el incidente relativo al mismo juicio, sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, ya sea que se haya negado o concedido ésta. El juez de Distrito declarado competente, sin acumular los expedientes sobreseerá en el otro juicio; quedando, en consecuencia, sin efecto alguno el auto de suspensión dictado por el juez incompetente; sin perjuicio de hacer efectivas, si fuere procedente, las cauciones o medidas de aseguramiento relacionadas con dicho auto. Si éste último incidente se encontrare en revisión, se hará saber a la Suprema Corte la resolución dictada en el expediente principal, para lo que proceda.

 

Si el juez de Distrito declarado competente, o la Suprema Corte de Justicia, en su caso, no encontrare motivo fundado para haberse promovido dos juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al quejoso, a su abogado, o a ambos, una multa de diez a trescientos pesos; salvo que se trate de los mencionados en el artículo 17.

 

ARTICULO 52.- Cuando ante un juez de Distrito se promueva un juicio de amparo de que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al juez que, en su concepto, deba conocer de dicho juicio, acompañándole copia del escrito de demanda. Recibido el oficio relativo por el juez requerido, decidirá de plano dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto.

 

Si el juez requerido aceptare el conocimiento del juicio, comunicará su resolución al requeriente para que le remita los autos, previa notificación a las partes y aviso a la Suprema Corte. Si no aceptare el conocimiento del juicio, hará saber su resolución al juez requeriente quien deberá resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su competencia. En el primer caso el juez requeriente remitirá los autos a la Suprema Corte y dará aviso al juez requerido para que exponga ante ella lo que estime pertinente, y en el segundo caso, se limitará a comunicar su resolución a dicho juez requerido para dar por terminado el incidente de competencia.

 

Recibidos, en su caso, los autos en la Suprema Corte así como el oficio relativo del juez requerido, se tramitará el expediente con audiencia del Ministerio Público y se turnará a la Sala respectiva, la que, dentro de los ocho días siguientes, resolverá quién de los dos jueces contendientes debe conocer del juicio; se hará saber la ejecutoria a los mismos jueces y se remitirán los autos al declarado competente.

 

En los casos previstos por este artículo y por el anterior, la Sala que corresponda de la Suprema Corte de Justicia, en vista de las constancias de autos, podrá declarar competente a otro juez de Distrito distinto de los contendientes, si fuere procedente con arreglo a esta ley.

 

ARTICULO 53.- Luego que se suscite una cuestión de competencia, las autoridades contendientes suspenderán todo procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión que se continuará tramitando hasta su resolución y debida ejecución.

 

ARTICULO 54.- Admitida la demanda de amparo ningún juez de Distrito podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.

 

En los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, salvo lo previsto por el artículo 50 de esta ley, el juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito que corresponda.

 

ARTICULO 55.- Ningún juez de Distrito podrá promover competencia a la Suprema Corte de Justicia.

 

ARTICULO 56.- Cuando alguna de las partes estime que un juez de Distrito está conociendo de un amparo que es de la competencia de la Suprema Corte y aquél no ha declarado su incompetencia, podrá ocurrir al Presidente de la Suprema Corte de Justicia exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que estime pertinentes; si éstas fueren bastantes, el Presidente de la Suprema Corte resolverá sobre la procedencia de la promoción y, en su caso, ordenará la remisión de los autos; si no fueren bastantes, podrá pedir informe al juez y con lo (sic) exponga, resolverá.

 

ARTICULO 57.- En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes:

 

I.- Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables.

 

II.- Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos.

 

ARTICULO 58.- Para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, es competente el juez de Distrito que hubiere prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo.

 

Si las demandas de amparo hubiesen sido presentadas simultáneamente, o en cualquier otro caso de duda, decidirá la Sala correspondiente de la Suprema Corte.

 

ARTICULO 59.- Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya acumulación se pide, el juez dispondrá que se haga relación de ellos en una audiencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución que proceda, contra la cual no se admitirá recurso alguno.

 

ARTICULO 60.- Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, promovida la acumulación ante uno de ellos se citará a una audiencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución que corresponda.

 

Si el juez estima procedente la acumulación, reclamará los autos por medio de oficio, con inserción de las constancias que sean bastantes para dar a conocer la causa de la resolución.

 

El juez a quien se dirija el oficio lo hará conocer a las partes que ante él litiguen, para que expongan lo que a su derecho convenga en una audiencia en la que aquél resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la acumulación.

 

ARTICULO 61.- Si se estima procedente la acumulación, se remitirán los autos al juez requeriente con emplazamiento de las partes.

 

Si se estima que no procede la acumulación se comunicará sin demora al juez requeriente y ambos remitirán los autos de sus respectivos juicios al Presidente de la Suprema Corte.

 

Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio Público y los alegatos escritos que pueden presentar las partes, se turnará a la Sala que corresponda, la que dentro del término de ocho días, resolverá si procede o no la acumulación y, en su caso, qué juez debe conocer de los amparos acumulados.

 

ARTICULO 62.- Desde que se pida la acumulación hasta que se resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los juicios de que se trate, hecha excepción de los incidentes de suspensión.

 

ARTICULO 63.- Resuelta la acumulación, los amparos acumulados deberán decidirse en una sola audiencia teniéndose en cuenta todas las constancias de aquéllos.

 

Los autos dictados en los incidentes de suspensión relativos a los juicios acumulados se mantendrán en vigor hasta que se resuelva lo principal en definitiva, salvo el caso de que hubieren de reformarse por causa superveniente.

 

ARTICULO 64.- En los juicios de amparo que se promuevan ante el superior del tribunal a quien se impute la violación, conforme al artículo 37, se observarán en lo que fueren aplicables, las disposiciones contenidas en este Capítulo; pero cuando se trate de competencia o acumulación en juicios de que conozcan tribunales comunes y jueces de Distrito, éstos deben ser designados competentes.

 

ARTICULO 65.- No son acumulables los juicios de amparo que se tramiten ante la Suprema Corte, ya sea en revisión o como amparos directos; pero cuando alguna de las Salas encuentre que un amparo que haya de resolver tiene con otro a (sic) con otros de la jurisdicción de la propia Sala, una conexión tal que haga necesario o conveniente que todos ellos se vean en una sola sesión o en varias continuadas, a moción de alguno de los ministros que la integran, podrá ordenarlo así, pudiendo también acordar que sea un mismo ministro quien dé cuenta con todos ellos.

 

 

Capítulo VII

 

De los impedimentos

 

ARTICULO 66.- No son recusables los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los jueces de Distrito, ni las autoridades del orden común que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37 de esta ley; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes:

 

I.- Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguna de las partes o de sus abogados o representantes, en línea recta, sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral por consanguinidad, o dentro del segundo, en la colateral por afinidad;

 

II.- Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado;

 

III.- Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto o en el juicio de amparo;

 

IV.- Si hubiesen tenido con anterioridad el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo o si hubiesen aconsejado como asesores la resolución reclamada;

 

V.- Si tuviesen pendiente algún juicio de amparo, semejante al de que se trata, en que figuren como partes;

 

VI.- Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes.

 

En materia de amparo, no son admisibles las excusas voluntarias. Sólo podrán invocarse, para no conocer de un negocio, las causas de impedimento que enumera este artículo, las cuales determinan la excusa forzosa del funcionario.

 

El ministro o juez que, teniendo impedimento para conocer de un negocio, no haga la manifestación correspondiente, o que, no teniéndolo, presente excusa apoyándola en causas diversas de las de impedimento, pretendiendo que se le aparte del conocimiento de aquél, incurre en responsabilidad.

 

ARTICULO 67.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia harán la manifestación a que se refiere el artículo anterior, ante el Tribunal Pleno o ante la Sala que conozca del asunto de que se trate.

 

Los jueces de Distrito o la autoridad que conozca del juicio, con arreglo a esta ley, harán constar en autos la causa del impedimento en la misma providencia en que se declaren impedidos, y comunicarán ésta a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo siguiente.

 

ARTICULO 68.- Hecha la manifestación por el ministro impedido o dada cuenta con el oficio del juez de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, el Pleno o la Sala respectiva, en el acuerdo en que se le dé cuenta, calificará de plano el impedimento, admitiéndolo o desechándolo.

 

ARTICULO 69.- Cuando uno sólo de los ministros que integran la Sala se manifieste impedido, los cuatro restantes calificarán el impedimento. Si lo admitieren, la Sala continuará el conocimiento del negocio con el quórum legal; solamente en caso de empate de la votación se pedirá al Pleno la designación de un ministro para que integre la Sala en la nueva vista del negocio.

 

Cuando se manifestaren impedidos dos o más ministros de la Sala, se calificará, en todo caso, el impedimento del ministro que primero lo hubiere manifestado, votando al respecto los restantes, aun cuando entre ellos hubiere alguno o algunos que se estimen impedidos. Si se admitiere, se pedirá al Pleno que designe un ministro de otra Sala para que complete quórum en la de que se trate, a efecto de calificar el impedimento expresado en segundo lugar, y, en su caso, integre la propia Sala. En la calificación de dicho impedimento, votarán el ministro designado y los restantes de la Sala, aun cuando entre ellos hubiere alguno o algunos que también se hayan manifestado impedidos; procediéndose en forma análoga respecto a los restantes impedimentos.

 

ARTICULO 70.- El impedimento podrá ser alegado por cualquiera de las partes ante la Suprema Corte de Justicia, si se tratare de algún ministro de la misma, o ante el juez de Distrito o autoridad a quien considere impedido. En el primer caso, se pedirá informe al ministro aludido, quien deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes; y en el segundo, el juez de Distrito o la autoridad respectiva remitirá, dentro de igual término, a la Suprema Corte, el escrito del promovente, con su informe.

 

Si el juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio no diere cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, la parte que haya alegado el impedimento ocurrirá al Presidente de la Suprema Corte, quien pedirá el informe respectivo a fin de que se proceda con arreglo al párrafo siguiente.

 

El Pleno o la Sala, en su caso, resolverá lo que fuere procedente si el funcionario aludido confiesa la causa del impedimento o no rinde informe; pero si lo negare, se señalará para una audiencia, dentro de los tres días siguientes, en la que los interesados rendirán las pruebas que estimen convenientes y podrán presentar alegatos, dictándose, en la misma audiencia, la resolución que admita o deseche la causa del impedimento.

 

ARTICULO 71.- Cuando se deseche un impedimento, siempre que no se haya propuesto por el Ministerio Público, se impondrá a la parte que lo haya hecho valer, a su abogado, o a ambos, una multa de diez a cien pesos. Si el ministro o juez hubiesen negado la causa del impedimento y ésta quedare comprobada, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a la ley.

 

ARTICULO 72.- El juez que se declare impedido no queda inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto en el caso de tener interés personal en el negocio, en el que, desde la presentación de la demanda y sin demora, el impedido hará saber al promovente que ocurra al juez que debe substituirlo en el conocimiento del negocio.

 

 

Capítulo VIII

 

De los casos de improcedencia

 

ARTICULO 73.- El juicio de amparo es improcedente:

 

I.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia;

 

II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;

 

III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas;

 

IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;

 

V.- Contra las leyes que por su sola expedición no entrañen violación de garantías, sino que se necesite un acto posterior de autoridad para realizar las violaciones;

 

VI.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso;

 

VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los presidentes de casillas, juntas computadoras o colegios electorales, en materia de elecciones;

 

VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;

 

IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable;

 

X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica;

 

XI.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

 

XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo, dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de esta ley;

 

XIII.- Contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción IX del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.

 

Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución;

 

XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

 

XV.- Contra actos de autoridades distintas de las judiciales, cuando deban ser revisados de oficio, conforme a la ley que los rija, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva;

 

XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

 

XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;

 

XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

 

 

Capítulo IX

 

Del sobreseimiento

 

ARTICULO 74.- Procede el sobreseimiento:

 

I.- Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda o se le tenga por desistido de ella, con arreglo a la ley;

 

II.- Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona;

 

III.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior;

 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 le (sic) esta ley.

 

Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les podrá imponer una multa de diez a trescientos pesos, según las circunstancias del caso.

 

ARTICULO 75.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado.

 

 

Capítulo X

 

De las sentencias

 

ARTICULO 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

 

ARTICULO 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

 

I.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

 

II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

 

III.- Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo.

 

ARTICULO 78.- En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.

 

En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

 

ARTICULO 79.- La Suprema Corte de Justicia y los jueces de Distrito, en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda.

 

El juicio de amparo por inexacta aplicación de la ley, contra actos de autoridades judiciales del orden civil, es de estricto derecho, y, por tanto, la sentencia que en él se dicte, a pesar de lo prevenido en este artículo, se sujetará a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella.

 

ARTICULO 80.- La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

 

ARTICULO 81.- Siempre que en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a su representante, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de diez a mil pesos.

 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que la demanda fue interpuesta sin motivo cuando, según prudente apreciación del sentenciador, aparezca que sólo se interpuso el amparo con el fin de demorar o entorpecer, de mala fe, la ejecución del acto reclamado.

 

 

Capítulo XI

 

De los recursos

 

ARTICULO 82.- En los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de revisión, queja y reclamación.

 

ARTICULO 83.- Procede el recurso de REVISION:

 

I.- Contra las resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta la demanda de amparo;

 

II.- Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión definitiva, o en que modifiquen o revoquen el auto en que la hayan concedido o negado, y las en que se niegue la revocación solicitada;

 

III.- Contra los actos de sobreseimiento, y contra las resoluciones en que se tenga por desistido al quejoso;

 

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere al (sic) artículo 37 de esta ley.

 

ARTICULO 84.- El recurso de revisión sólo podrá interponerse por cualquiera de las partes en el juicio, ya sea ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del mismo, o directamente ante la Suprema Corte de Justicia, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

 

ARTICULO 85.- El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el que el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada.

 

Cuando el recurrente interponga la revisión ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio, deberá exhibir una copia del escrito de expresión de agravios para el expediente y una para cada una de las otras partes. Si interpusiere el recurso directamente ante la Suprema Corte de Justicia, deberá hacerlo saber, bajo protesta de decir verdad, al juez o autoridad que haya dictado la resolución recurrida, acompañando las copias necesarias del escrito de revisión, como en el caso anterior.

 

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas dentro del término de tres días. Si no las exhibiere, el juez de Distrito o autoridad que corresponda tendrá por no interpuesto el recurso, o lo hará saber a la Suprema Corte de Justicia en el caso de que el recurrente hubiese interpuesto la revisión directamente ante ella.

 

ARTICULO 86.- Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado.

 

Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.

 

ARTICULO 87.- Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios, conforme al artículo 85 de esta ley, el juez de Distrito, o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirá el expediente original, a la Suprema Corte de Justicia dentro del término de cuarenta y ocho horas, así como el escrito original, en su caso, en que se haya interpuesto el recurso de revisión.

 

En los casos de la fracción II del artículo 83 de esta ley, al remitirse el incidente a la Suprema Corte, deberá dejarse copia de él para los efectos legales correspondientes.

 

Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse a la Suprema Corte copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo.

 

ARTICULO 88.- En los casos de las fracciones I, II y IIl del artículo 83 de esta ley, admitido el recurso de revisión por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mandará correr traslado al Ministerio Público por el término de cinco días, y con lo que exponga y lo que aleguen las partes por escrito, la Sala que corresponda resolverá lo que fuere procedente dentro del término de cinco días.

 

ARTICULO 89.- Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción IV, de esta ley, se señalará a las partes el término de diez días para que aleguen lo que a su derecho convenga, y transcurrido dicho término, con alegatos o sin ellos, se correrá traslado al Ministerio Público por igual término, para que pida lo que a su representación convenga; observándose en todo lo demás lo dispuesto en los artículos 181 a 191 de esta misma ley.

 

ARTICULO 90.- Las Salas que conozcan de los asuntos en revisión, examinarán únicamente los agravios alegados contra la resolución recurrida; pero deberán considerar los conceptos de violación de garantías omitidos por el inferior, cuando estimen que son fundados los agravios expuestos contra la resolución recurrida.

 

ARTICULO 91.- En el recurso de revisión, las Salas de la Suprema Corte de Justicia sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo.

 

ARTICULO 92.- Cuando alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia considere infundada la causa de improcedencia expuesta por el juez de Distrito, o por la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37 de esta ley, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y producido sus alegatos, la Sala podrá confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para dictar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo.

 

ARTICULO 93.- Si la Sala que conociere, en revisión, de una sentencia definitiva en los casos del artículo 83, fracción IV, de esta ley, encontrare al estudiar los agravios que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiese dejado sin defensa al quejoso o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, la propia Sala revocará la recurrida y mandará reponer el procedimiento.

 

También mandará reponer el procedimiento cuando indebidamente no haya sido oída alguna de las partes que tenía derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley.

 

ARTICULO 94.- Cuando alguna de las Salas de la Suprema Corte conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo, de que debió conocer en única instancia, conforme al artículo 44 de esta ley, por no haber dado cumplimiento oportunamente el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido de él o lo dispuesto en el artículo 49, dicha Sala declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al Presidente de la Suprema Corte para que provea lo que corresponda.

 

ARTICULO 95.- El recurso de QUEJA es procedente:

 

I.- Contra los autos dictados por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;

 

II.- Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107 constitucional, fracción IX, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión definitiva del acto reclamado;

 

III.- Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;

 

IV.- Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción IX, de la Constitución, en que se haya concedido al quejoso el amparo;

 

V.- Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, o el tribunal que conozca o haya conocido del juicio en los casos del artículo 37 de esta ley, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;

 

VI.- Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;

 

VII.- Contra las resoluciones definitivas que dicten los jueces de Distrito en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllos exceda de trescientos pesos;

 

VIII.- Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar ilusorias o insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en los casos a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las propias autoridades sobre las mismas materias causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;

 

IX.- Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia en única instancia, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso.

 

ARTICULO 96.- Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por cualquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá interponer la queja cualquiera de las partes; salvo los expresados en la fracción VI del propio artículo, en los cuales únicamente podrá (sic) interponer el recurso de queja las partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza.

 

ARTICULO 97.- Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:

 

I.- En los casos de las fracciones II y III del artículo 95 de esta ley podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme;

 

II.- En los casos de las fracciones I, V, VI, VII y VIII del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;

 

III.- En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro a (sic) de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo.

 

ARTICULO 98.- En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito, o ante la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los casos a que se refiere el artículo 37, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva.

 

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

 

ARTICULO 99.- En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante la Suprema Corte de Justicia, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.

 

La tramitación y resolución de la queja se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del término para que la Sala respectiva dicte la resolución que corresponda, que será de diez días.

 

Tanto en los casos de este artículo como en los del anterior, si no se exhibieren las copias necesarias del escrito de queja, se procederá en los términos del artículo 85, párrafo tercero.

 

ARTICULO 100.- La falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de diez a cien pesos, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja en la misma resolución que dicte sobre ella.

 

ARTICULO 101.- En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja.

 

ARTICULO 102.- Cuando la Suprema Corte de Justicia deseche el recurso de queja por notoriamente improcedente, o lo declare infundado por haberse interpuesto sin motivo alguno, impondrá al recurrente, a su abogado, o a ambos, una multa de diez a doscientos pesos; salvo que el juicio de amparo se haya promovido contra alguno de los actos expresados en el artículo 17.

 

ARTICULO 103.- El recurso de RECLAMACION es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por el presidente de cualquiera de las Salas, en materia de amparo, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se interpondrá, tramitará y resolverá en los términos prevenidos por la misma ley.

 

 

Capítulo XII

 

De la ejecución de las sentencias

 

ARTICULO 104.- En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez o la autoridad que haya conocido del juicio la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la hará saber a las demás partes.

 

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior.

 

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

 

ARTICULO 105.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio requerirá, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.

 

Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XI, de la Constitución, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias, para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley.

 

ARTICULO 106.- En los casos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia en única instancia, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio.

 

En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

 

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo anterior.

 

ARTICULO 107.- Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observarán (sic) también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.

 

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo.

 

ARTICULO 108.- En los casos que se sometan al conocimiento de la Suprema Corte, para la aplicación de la fracción Xl del artículo 107 constitucional, los jueces de Distrito, o las Salas respectivas, acompañarán a los autos un informe que terminará con la declaración de dichas autoridades de que, a su juicio, se trata de eludir la ejecutoria o se insiste en la repetición del acto reclamado.

 

La Suprema Corte, teniendo en cuenta dicha declaración y las constancias respectivas, determinará, si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

 

ARTICULO 109.- Si la autoridad responsable que deba ser separada conforme al artículo anterior gozare de fuero constitucional, la Suprema Corte, si procediere, declarará que es el caso, de aplicar la fracción XI del artículo 107 de la Constitución Federal; y con esta declaración y las constancias de autos que estime necesarias, pedirá a quien corresponda, el desafuero de la expresada autoridad.

 

ARTICULO 110.- Los jueces de Distrito a quienes se hicieren consignaciones por incumplimiento de ejecutoria, o por repetición del acto reclamado, se limitarán a sancionar tales hechos, y si apareciere otro delito diverso se procederá como lo previene la parte final del artículo 208.

 

ARTICULO 111.- Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de que el juez de Distrito, o la autoridad que haya conocido del juicio, haga cumplir la ejecutoria de que se trata dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario de su dependencia, para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita, y, en su caso, el mismo juez de Distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento, para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el juez de Distrito podrá salir del lugar de su residencia sin recabar autorización de la Suprema Corte, bastando que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo solicitará, por los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la ejecutoria.

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado, mediante el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la ejecutoria, y la autoridad responsable, se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda dentro de un término prudente, que no podrá exceder de tres días, el juez de Distrito, o la autoridad que haya conocido del juicio, mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que les giren conforme a esta disposición, los jueces federales o la autoridad que haya conocido del juicio.

 

ARTICULO 112.- En los casos a que se refiere el artículo 106 de esta ley, si la Sala que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento de la ejecutoria respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al juez de Distrito que corresponda, quien se sujetará a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

 

ARTICULO 113.- No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición.

 

 

TITULO SEGUNDO

 

DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO

 

 

Capítulo I

 

De los actos materia del juicio

 

ARTICULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito:

 

I.- Contra las leyes, cuando por su sola expedición entrañen violación de garantías;

 

II.- Contra actos de autoridades distintas de las judiciales o de las juntas de conciliación y arbitraje.

 

En estos casos cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio ante dichas autoridades, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la misma ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;

 

III.- Cuando se trate de actos de autoridad judicial ejecutados fuera de juicio o después de concluído.

 

Si se trata de actos de ejecución de sentencias, sólo podrá interponerse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones, cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

 

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;

 

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;

 

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;

 

VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1° de esta ley.

 

ARTICULO 115.- Salvo los casos a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juicio de amparo sólo podrá promoverse, contra resoluciones judiciales del orden civil, cuando la resolución reclamada sea contraria a la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica.

 

 

Capítulo II

 

De la demanda

 

ARTICULO 116.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

 

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

 

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

 

III.- La autoridad o autoridades responsables;

 

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame;

 

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1° de esta ley;

 

VI.- El precepto de la Constitución Federal que contenga la facultad de la Federación o de los Estados que se considere vulnerada, invadida o restringida, si el amparo se promueve con apoyo en las fracciones II o III del artículo 1° de esta ley.

 

ARTICULO 117.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez.

 

ARTICULO 118.- En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo.

 

ARTICULO 119.- Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá una multa de diez a cien pesos al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el artículo 18 de la misma.

 

ARTICULO 120.- Con la demanda exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión si se pidiera ésta y no tenga que concederse de plano conforme a esta ley.

 

No se tendrá por presentada la demanda, mientras el quejoso no exhiba las copias a que se refiere el párrafo anterior, y en los casos en que esta ley señale término para la promoción del amparo se tendrá por no interpuesta en tiempo la demanda si el quejoso no exhibiere las copias dentro de dicho término.

 

ARTICULO 121.- Cuando el amparo se pida en comparecencia, el juez de Distrito, o la autoridad ante quien se haya promovido, mandará expedir las copias a que se contrae el artículo anterior.

 

 

Capítulo III

 

De la suspensión del acto reclamado

 

ARTICULO 122.- En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo.

 

ARTICULO 123.- Procede la suspensión de oficio:

 

I.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

 

II.- Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

 

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

 

ARTICULO 124.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

 

I.- Que la solicite el agraviado;

 

II.- Que no se siga perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público;

 

III.- Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

 

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

 

ARTICULO 125.- En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

 

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

 

ARTICULO 126.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

 

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado al quejoso. Este costo comprenderá:

 

I.- Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa afianzadora legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

 

II.- El importe de las estampillas causadas en certificados de libertad de gravámenes y de valor fiscal de la propiedad cuando hayan sido expresamente recabados para el caso, con los que un fiador particular haya justificado su solvencia, más la retribución dada al mismo, que no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento de lo que cobraría una empresa de fianzas legalmente autorizada;

 

III.- Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria;

 

IV.- Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho para constituir el depósito.

 

ARTICULO 127.- No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de esta ley.

 

ARTICULO 128.- El juez de Distrito fijará el monto de la garantía y contragarantía a que se refieren los artículos anteriores.

 

ARTICULO 129.- Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los treinta días siguientes al en que sea exigible la obligación, en la inteligencia de que no presentándose la reclamación dentro de ese término, sólo podrá exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.

 

ARTICULO 130.- En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.

 

En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.

 

El juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.

 

ARTICULO 131.- Promovida la suspensión, conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará una audiencia dentro de cuarenta y ocho horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que las partes podrán ofrecer las pruebas documental o de inspección ocular que estimen pertinentes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiere, y del Ministerio Público el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión, o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

 

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

 

ARTICULO 132.- El informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde, y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama, y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.

 

En casos urgentes el juez de Distrito podrá ordenar a la autoridad responsable que rinda el informe de que se trata, por la vía telegráfica. En todo caso lo hará, si el quejoso asegura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente.

 

La falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión; hace además incurrir a la autoridad responsable en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones.

 

ARTICULO 133.- Cuando alguna o algunas de las autoridades responsables funcionen fuera del lugar de la residencia del juez de Distrito, y no sea posible que rindan su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de la vía telegráfica, se celebrará la audiencia respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas; pudiendo modificarse o revocarse la resolución dictada en la primera audiencia en vista de los nuevos informes.

 

ARTICULO 134.- Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado o contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión.

 

ARTICULO 135.- Cuando el amparo se pida contra el cobro de impuestos, multas u otros pagos fiscales, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra, en el Banco de México, o en defecto de éste en la institución de crédito que el juez señale dentro de su jurisdicción, o ante la autoridad exactora, salvo que de antemano se hubiese constituído ante esta última.

 

El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del juez, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; pero entonces se asegurará el interés fiscal en cualquiera otra forma aceptada en esta ley.

 

ARTICULO 136.- Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el auto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.

 

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas o por la Policía Judicial, como responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere sin perjuicio de que se haga la consignación que corresponda. Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, el juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable si no se le concediere el amparo.

 

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas, podrá ser puesto en libertad provisional, mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.

 

En los casos de detención por mandamiento de autoridades judiciales del orden penal, o de auto de prisión preventiva, el quejoso podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso.

 

La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando aparezcan datos bastantes que hagan presumir, fundadamente, que el quejoso trata de burlar la acción de la justicia.

 

ARTICULO 137.- Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar las órdenes de libertad del quejoso, o de ocultarlo, trasladándolo a otro lugar, el juez de Distrito podrá hacerlo comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas órdenes.

 

ARTICULO 138.- En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

 

ARTICULO 139.- El auto en que un juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.

 

El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita lo (sic) jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Suprema Corte revocare la resolución y concediere la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

 

ARTICULO 140.- Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.

 

ARTICULO 141.- Cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

 

ARTICULO 142.- El expediente relativo al incidente de suspensión se llevará siempre por duplicado. Cuan- (sic) se interponga revisión contra la resolución dictada en el incidente, el juez de Distrito remitirá el expediente original a la Suprema Corte y se dejará el duplicado.

 

ARTICULO 143.- Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley.

 

Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad caucional conforme al artículo 136.

 

ARTICULO 144.- Las autoridades judiciales comunes, autorizadas por el artículo 38 de esta ley para recibir la demanda y suspender provisionalmente el acto reclamado, deberán formar por separado un expediente en el que se consigne un extracto de la demanda de amparo, la resolución en que se mande suspender provisionalmente el acto reclamado, copias de los oficios o mensajes que hubiesen girado para el efecto y constancias de entrega, así como las determinaciones que dicten para hacer cumplir su resolución, cuya eficacia deben vigilar, en tanto el juez de Distrito les acusa recibo de la demanda y documentos que hubiesen remitido.

 

 

Capítulo IV

 

De la substanciación del juicio

 

ARTICULO 145.- El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.

 

ARTICULO 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116, de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

 

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso; observándose lo dispuesto en el artículo 120, párrafo segundo, en el caso de que sólo se trate de falta de copias de la demanda.

 

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente.

 

ARTICULO 147.- Si el juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

 

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.

 

Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas.

 

ARTICULO 148.- Los jueces de Distrito o las autoridades judiciales que conozcan de los juicios de amparo, con arreglo a esta ley, deberán resolver si admiten o desechan las demandas de amparo dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la en que fueron presentadas, y dar aviso a la Suprema Corte de Justicia.

 

En los casos en que manden aclarar la demanda o llenar los requisitos omitidos, para su admisión, deberán dar el aviso a que se refiere el párrafo anterior al resolver si la admiten o desechan.

 

ARTICULO 149.- Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días; pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimare que la importancia del caso lo amerita.

 

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

 

La falta de informe de la autoridad responsable establece la presunción de ser cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

 

Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hiciere sin remitir, en su caso, la copia certificada de las constancias a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a trescientos pesos.

 

ARTICULO 150.- En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.

 

ARTICULO 151.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

 

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días antes del señalado para la audiencia, exhibiendo copias de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos; el juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

 

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado.

 

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

 

La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación.

 

ARTICULO 152.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

 

El interesado que maliciosamente o con el sólo propósito de obtener la prórroga de la audiencia, ocurra quejándose de la falta a que se refiere el párrafo anterior o informe al juez que se le ha denegado la expedición de una copia o documento que no hubiese solicitado, sufrirá una multa de veinticinco a trescientos pesos.

 

Cuando se trate de actuaciones concluídas, podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes.

 

ARTICULO 153.- Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.

 

Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.

 

ARTICULO 154.- La audiencia a que se refiere el artículo siguiente y la recepción de las pruebas, serán públicas.

 

ARTICULO 155.- Abierta la audiencia se procederá a recibir por su orden las pruebas, los alegatos por escrito y el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

 

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

 

En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas.

 

ARTICULO 156.- En los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, la substanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del informe con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables y a la celebración de la audiencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.

 

ARTICULO 157.- Los jueces de Distrito cuidarán de que los juicios de amparo no queden paralizados, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, salvo los casos en que esta ley disponga expresamente lo contrario.

 

El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento de esta disposición, principalmente cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad o entrañe deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

 

 

TITULO TERCERO

 

DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

 

Capítulo I

 

Disposiciones generales

 

ARTICULO 158.- Es procedente el juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, en los casos siguientes:

 

I.- Contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles o penales, por violaciones a las leyes del procedimiento cometidas durante el curso del juicio, cuando se hayan afectado las partes substanciales de él y de manera que su infracción haya dejado sin defensa al quejoso;

 

II.- Contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles o penales, por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias;

 

III.- Contra los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje, cuando se comentan las mismas violaciones a que se refieren las dos fracciones anteriores.

 

En cuanto a las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles y en los seguidos ante las indicadas juntas, sólo será procedente el juicio de amparo cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho, a falta de ley aplicable; cuando comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio o cuando no las comprendan todas, por omisión o negativa expresa.

 

ARTICULO 159.- En los juicios civiles y en los seguidos ante las mismas juntas, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y privado de defensa al quejoso:

 

I.- Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

 

II.- Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;

 

III.- Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;

 

IV.- Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o abogado;

 

V.- Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

 

VI.- Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;

 

VII.- Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;

 

VIII.- Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;

 

IX.- Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

 

X.- Cuando el juez, tribunal o junta de conciliación y arbitraje continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el juez, magistrado o miembro de la junta de conciliación y arbitraje impedido o recusado continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;

 

XI.- En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia.

 

ARTICULO 160.- En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y privado de defensa al quejoso:

 

I.- Cuando no se le haga sober (sic) el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubiere;

 

II.- Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscripto (sic) al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio;

 

III.- Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él;

 

IV.- Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;

 

V.- Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se la (sic) coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

 

VI.- Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho;

 

VII.- Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

 

VIII.- Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa;

 

IX.- Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, fracción VI, de la Constitución Federal, en que deba ser oído en defensa, para que se le juzgue;

 

X.- Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria; sin la del juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto;

 

XI.- Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro tribunal;

 

XII.- Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o por negársele el ejercicio de los derechos que la misma le concede para la integración de aquél;

 

XIII.- Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de la que señale la ley;

 

XIV.- Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción;

 

XV.- Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente;

 

XVI.- Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.

 

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal;

 

XVII.- En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia.

 

ARTICULO 161.- Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva. Para el efecto, en los juicios penales y civiles el agraviado deberá sujetarse a las siguientes reglas:

 

I.- Dentro de los tres días siguientes al en que el interesado haya sido notificado del acto violatorio o tenga conocimiento de él, deberá reclamar la reparación de la violación ante la autoridad que conozca del juicio, si no procediere ningún recurso ordinario, expresando con toda claridad el acto violatorio y la garantía individual que estime violada. Sin estos requisitos, la reclamación se tendrá por no hecha;

 

II.- Cuando durante la secuela del procedimiento deban ejecutarse actos diversos, antes de que transcurra el término a que se refiere la fracción anterior, o deban efectuarse sucesivamente en la misma diligencia, de manera que cada uno de ellos cree una situación jurídica distinta con relación al acto anterior, o cuando cada uno de ellos deba servir de base para el siguiente, el agraviado deberá pedir inmediatamente la reparación respectiva, con los requisitos que señala la fracción anterior; en el concepto de que, de no hacerlo, se tendrán por consentidas las violaciones cometidas durante el procedimiento, y por lo mismo, por consumado de manera irreparable el acto violatorio, para los efectos del amparo;

 

III.- Si la autoridad desechare la promoción o negare la reparación solicitada, el agraviado deberá formular la protesta respectiva contra la violación constitucional reclamada;

 

IV.- Cuando el acto de que se trate admita algún recurso ordinario, el agraviado deberá interponerlo, haciendo valer la violación cometida, por vía de agravio, al substanciarse el recurso; y si éste fuere desechado o declarado improcedente, deberá formular la protesta a que se refiere la fracción anterior y hacer valer nuevamente la violación en la segunda instancia, por vía de agravio, al substanciarse el recurso que fuere procedente contra la sentencia dictada en la primera; y si el juicio no tuviere segunda instancia, el agraviado deberá reclamar la violación por la vía de amparo, con arreglo a esta ley.

 

ARTICULO 162.- Promovida la reparación a que se refiere la fracción I del artículo anterior, la autoridad que conozca del juicio celebrará una audiencia dentro de los tres días siguientes, en la que, oyendo al reclamante y a la parte contraria en los asuntos del orden civil, o al reclamante y al Ministerio Público en los del orden penal, resolverá lo que fuere procedente, concediendo o negando la reparación solicitada; si la concede, declarará insubsistente o modificará el acto violatorio.

 

En los casos a que se refiere la fracción II del mismo artículo, la autoridad proveerá, en el mismo acto, lo que proceda, oyendo lo que aleguen las partes, si lo estimare necesario y estuvieren presentes.

 

ARTICULO 163.- La Suprema Corte de Justicia podrá suplir la deficiencia de la queja en los juicios de amparo que se promuevan contra sentencias definitivas dictadas en asuntos del orden penal, cuando encontrare que hubo violación manifiesta del procedimiento en contra del quejoso, que lo ha dejado sin defensa, y que sólo por torpeza no fue combatida oportunamente la violación; o que fue juzgado por una ley que no era exactamente aplicable al caso.

 

ARTICULO 164.- Para ocurrir en demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, el agraviado solicitará previamente de la autoridad responsable, copia certificada de la sentencia o laudo de que se trate y de las constancias que estime necesarias, la que se adicionará con las que señale la parte contraria y con las que dicha autoridad estime procedentes.

 

La autoridad responsable deberá expedir, con toda oportunidad, la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior, para que el agraviado pueda acompañarla a su demanda, dentro del término de ley.

 

Si la copia no estuviere concluída oportunamente, por morosidad de la autoridad responsable, o por cualquiera otra causa no imputable al agraviado, éste podrá presentar la demanda sin aquélla, y la Suprema Corte señalará a la propia autoridad un término prudente, que no podrá exceder de diez días, para que la remita. Si la demora no estuviere justificada, la Suprema Corte impondrá a la autoridad responsable una multa de veinticinco a trescientos pesos.

 

ARTICULO 165.- Las copias certificadas que se expidan para la substanciación de un juicio de amparo promovido directamente ante la Suprema Corte de Justicia, no causarán el impuesto del timbre.

 

 

Capítulo II

 

De la demanda

 

ARTICULO 166.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

 

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;

 

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

 

III.- La autoridad o autoridades responsables;

 

IV.- El acto reclamado; y si se reclamaren violaciones a leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado;

 

V.- La fecha en que se haya notificado la sentencia o laudo al quejoso o en que haya tenido conocimiento de la resolución recurrida;

 

VI.- Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación;

 

VII.- La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho.

 

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados.

 

ARTICULO 167.- El amparo contra sentencias definitivas en materia civil o penal o contra los laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, deberá interponerse presentando la demanda con las copias certificadas a que se refiere el artículo 164, directamente ante la Suprema Corte, o remitiéndosela por conducto de la autoridad responsable o del juez de Distrito dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre dicha autoridad responsable. Cuando se presentare ante ésta la demanda, tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de la presentación del escrito. En los demás casos, la Suprema Corte está facultada para cerciorarse de los datos de que se trata.

 

ARTICULO 168.- Cuando la demanda se presente directamente ante la Suprema Corte, o por conducto del juez de Distrito, el quejoso deberá anunciar desde luego a la autoridad responsable la interposición del amparo, acompañándole una copia de la demanda para el expediente y una para cada una de las partes que intervengan en el juicio en que se dictó la sentencia recurrida, copias que la autoridad responsable mandará entregar, emplazando a las partes para que comparezcan ante la Suprema Corte a defender sus derechos.

 

Si el promovente presentare la demanda por conducto de la autoridad responsable, deberá acompañar también las copias, a efecto de que ésta cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior y remita la demanda original a la Suprema Corte de Justicia.

 

Cuando no se presentaren las copias a que se refieren los dos párrafos anteriores, o si no se presentaren todas las necesarias, en asunto del orden civil o del trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la demanda a la Suprema Corte de Justicia y de proveer sobre la suspensión, y mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas, dentro del término de cinco días; transcurrido dicho término sin presentarlas la autoridad responsable remitirá la demanda con el informe relativo sobre la omisión de las copias a la Suprema Corte, la que tendrá por desistido de dicha demanda al quejoso.

 

En asuntos del orden penal, si el quejoso no exhibiere las copias a que se refieren los párrafos primero y segundo de este artículo, sin perjuicio de que la autoridad responsable provea sobre la suspensión en casos urgentes, le señalará un nuevo término, que no podrá exceder de diez días, para que exhiba dichas copias; y si no lo hiciere, se procederá con arreglo al párrafo anterior.

 

ARTICULO 169.- Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo anterior, rendirá su informe con justificación a la Suprema Corte de Justicia, exponiendo de manera clara y breve, las razones que funden la constitucionalidad del acto reclamado y dejará en autos copia de dicho informe.

 

Si la autoridad responsable no rindiere el informe, la Suprema Corte le prevendrá que lo haga dentro del término de tres días.

 

 

Capítulo III

 

De la suspensión del acto reclamado

 

ARTICULO 170.- En los juicios de amparo de la competencia de la Suprema Corte de Justicia en asuntos penales o civiles, la autoridad responsable mandará suspender la ejecución de la sentencia reclamada, con arreglo al artículo 107, fracciones V y VI de la Constitución General, sujetándose a las disposiciones de este Capítulo.

 

ARTICULO 171.- Cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden penal, al proveer la autoridad responsable, conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 168 de esta ley, mandará suspender de plano la ejecución de la sentencia reclamada.

 

ARTICULO 172.- Cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de la Suprema Corte de Justicia, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución; pudiendo la última de dichas autoridades ponerlo en libertad caucional, si procediere.

 

ARTICULO 173.- Cuando se trate de sentencias dictadas en juicios del orden civil, la suspensión se decretará a instancia del agraviado y surtirá sus efectos si otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

 

En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128 de esta ley.

 

Cuando se trate de sentencias dictadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de veinticuatro horas.

 

ARTICULO 174.- Tratándose de laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente de la junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

 

La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.

 

ARTICULO 175.- Cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios.

 

En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de que se otorgue fianza.

 

ARTICULO 176.- Las cauciones a que se refieren los artículos 173 y 174 de esta ley se harán efectivas ante la misma autoridad responsable, tramitándose el incidente de liquidación en los términos establecidos por el artículo 129.

 

 

Capítulo IV

 

De la substanciación del juicio

 

ARTICULO 177.- La Suprema Corte examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, o que no se llenaron, en su caso, los requisitos que establece el artículo 161 de esta ley, la desechará de plano y comunicará su resolución a la autoridad responsable, salvo lo dispuesto en el artículo 163.

 

ARTICULO 178.- Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haberse llenado los requisitos que establece el artículo 166 de esta ley, la Suprema Corte señalará al promovente un término, que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiese incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa.

 

Si el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, la Suprema Corte lo tendrá por desistido de la demanda y comunicará su resolución a la autoridad responsable.

 

ARTICULO 179.- No encontrando la Suprema Corte motivo alguno de improcedencia, o defecto en el escrito de demanda, y llenadas las deficiencias a que se refiere el artículo anterior, admitirá aquélla y mandará pasar el expediente al Procurador General de la República, para que este funcionario, por sí o por medio del agente que al efecto designe, pida, dentro del término de diez días, lo que a su representación convenga.

 

ARTICULO 180.- El tercero perjudicado y el Ministerio Público que haya intervenido en el proceso en asuntos del orden penal, podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente ante la Suprema Corte de Justicia, dentro del término de diez días, contados desde el siguiente al del emplazamiento a que se refiere el artículo 168, párrafos primero y segundo, de esta ley.

 

ARTICULO 181.- Si el Ministerio Público no devolviere los autos al expirar el término que señala el artículo 179, la Suprema Corte mandará recogerlos, a instancia de cualquiera de las partes, en asuntos del orden civil o del trabajo; o de oficio o a solicitud de alguna de las partes, en los del orden penal.

 

ARTICULO 182.- Devuelto o recogido el expediente conforme al artículo anterior, se pondrá a disposición de la Sala respectiva. El Presidente de ésta mandará turnarlo, dentro del término de diez días, al ministro relator que corresponda, a efecto de que formule por escrito, dentro de treinta días, el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia; se pasará copia de dicho proyecto a los demás ministros que integren la Sala, quedando los autos a su disposición, para su estudio, en la secretaría.

 

Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el ministro relator estime que no es bastante el plazo de treinta días para formular proyecto, pedirá a la Sala que le amplíe aquel término por el tiempo que sea necesario. También podrá el ministro relator pedir a la Sala que el expediente se pase para estudio a los demás integrantes de aquélla, cuando el caso lo amerite.

 

ARTICULO 183.- Cuando en una misma demanda se invoquen, a la vez, violaciones a las leyes de procedimiento y a las de fondo, el proyecto estudiará primero aquéllas; y si el ministro relator las encontrare comprobadas y estimare procedente el amparo por ese motivo, se abstendrá de tomar en consideración las segundas. En caso contrario, entrará también al estudio de las violaciones a las leyes de fondo.

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción persecutoria, el ministro relator deberá estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja conforme al artículo 163, se abstendrá de entrar al estudio de las violaciones de procedimiento. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al estudio de las violaciones a las leyes de procedimiento y las de fondo, conforme al párrafo anterior.

 

ARTICULO 184.- Hecho el estudio del asunto en los términos de los dos artículos anteriores, el presidente de la Sala citará para la audiencia en que habrá de discutirse y resolverse, dentro del término de diez días, contados desde el siguiente al en que se haya distribuido el proyecto formulado por el ministro relator.

 

ARTICULO 185.- En cada Sala se formará una lista de los asuntos que deban verse en la audiencia, la cual se fijará el día anterior en lugar visible y surtirá los efectos de notificación del auto en que se cite para resolver.

 

Los asuntos se fallarán en el orden en que se listen. Si no pudieren despacharse en la audiencia todos los asuntos listados, los restantes figurarán, de preferencia, en la lista siguiente, sin perjuicio de que las Salas acuerden que se altere el orden de la lista o se retire algún asunto cuando haya causa justificada.

 

ARTICULO 186.- El día señalado para la audiencia, el secretario respectivo dará lectura al proyecto de resolución a que se refieren los artículos 182 y 183 y a las constancias que señalen los ministros, y se pondrá a discusión el asunto. Suficientemente discutido, a juicio de la mayoría de los ministros presentes, se procederá a la votación, y acto continuo, el presidente declarará el resultado de ésta, expresando si el amparo se sobresee, se niega o se concede.

 

El ministro que no estuviere conforme con el sentido de la resolución, podrá formular su voto particular, expresando los fundamentos del mismo y la resolución que estime debió dictarse.

 

La resolución de la Sala se hará constar en autos bajo la firma del presidente y del secretario.

 

ARTICULO 187.- Las ejecutorias que pronuncien las Salas deberán ser firmadas por todos los ministros que hubiesen estado presentes en la discusión y votación de un negocio, cualquiera que hubiese sido el sentido de su voto, y autorizadas por el secretario de acuerdos de la Sala.

 

ARTICULO 188.- Si el proyecto del ministro relator fuere aprobado sin adiciones ni reformas, se tendrá como sentencia definitiva y se firmará dentro de los cinco días siguientes.

 

Si no fuere aprobado el proyecto, se designará a uno de los ministros de la mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con los hechos probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en consideración al dictarla, debiendo quedar firmada dentro del término de quince días.

 

Si no fuere aprobado el proyecto en que sólo se hubiesen tomado en consideración las violaciones a las leyes de procedimiento o, en su caso, las que se refieren a la extinción de la acción penal, conforme al artículo 183, y la mayoría de los ministros presentes estimare que debe resolverse desde luego, el ministro relator podrá proponer la resolución que estime procedente en cuanto al fondo del asunto, exponiendo verbalmente los hechos y fundamentos de derecho que deban tomarse en consideración. Se pondrá a discusión dicha proposición y se procederá, en todo lo demás, conforme a los artículos 187 y siguientes de esta ley, en cuanto fueren aplicables. Si el ministro relator no hiciere proposición alguna en cuanto al fondo del asunto, o si la mayoría lo estimare conveniente, volverán los autos a aquél, para que formule nuevo proyecto, conforme al artículo 182.

 

ARTICULO 189.- Cuando por cualquier motivo cambiare el personal de la Sala que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los ministros que la hubiesen dictado, si fué aprobado el proyecto del ministro relator, la sentencia será autorizada válidamente por los ministros que integran aquélla, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido.

 

Cuando hubiere sido desechado el proyecto y fuere necesario redactar la sentencia, se dará cuenta nuevamente con el asunto de la Sala integrada con el nuevo personal, para el solo efecto de que designe al ministro que deba redactarla, de acuerdo con las versiones taquigráficas y constancias del expediente.

 

ARTICULO 190.- Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia no comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo; debiendo apoyarse en el texto constitucional de cuya aplicación se trate y expresar en sus proposiciones resolutivas el acto o actos contra los cuales se concede el amparo.

 

ARTICULO 191.- Concluída la audiencia del día en cada una de las Salas, el secretario de Acuerdos respectivo fijará en lugar visible una lista, firmada por él, de los asuntos que se hubiesen tratado, expresando el sentido de la resolución dictada en cada uno.

 

 

TITULO CUARTO

 

DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

 

Capítulo único

 

ARTICULO 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo, sólo podrá referirse a la Constitución y demás leyes federales.

 

ARTICULO 193.- Las ejecutorias de las Salas de la Suprema Corte de Justicia constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en aquéllas se encuentre en cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros.

 

Las ejecutorias que dicte la misma Suprema Corte en Acuerdo Pleno, también formarán jurisprudencia cuando se reúnan las condiciones que acaban de indicarse para las que pronuncien las Salas, pero que hayan sido aprobadas por lo menos por once ministros.

 

ARTICULO 194.- La jurisprudencia de la Suprema Corte, en los juicios de amparo y en los que se susciten sobre aplicación de leyes federales o tratados celebrados con las potencias extranjeras, es obligatoria para los magistrados de Circuito, jueces de Distrito, tribunales de los Estados, Distrito y Territorios Federales y juntas de conciliación y arbitraje.

 

ARTICULO 195.- La Suprema Corte respetará sus propias ejecutorias. Podrá, sin embargo, contrariar la jurisprudencia establecida siempre que exprese las razones que tuviere para variarla, las cuales deberán referirse a las que se tuvieron presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría (sic).

 

ARTICULO 196.- Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo, la jurisprudencia de la Corte, lo harán por escrito, expresando el sentido de aquélla y designando con precisión las ejecutorias que la sustenten.

 

ARTICULO 197.- Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros que con ellas se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla; así como aquellas que la Corte en Pleno, o las Salas, acuerden expresamente.

 

 

TITULO QUINTO

 

DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS JUICIOS DE AMPARO

 

 

Capítulo I

 

De la responsabilidad de los funcionarios que conozcan del amparo

 

ARTICULO 198.- Los jueces de Distrito, las autoridades judiciales de los Estados, del Distrito y de los Territorios Federales, en funciones de aquéllos, los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son responsables en los juicios de amparo por los delitos de faltas que cometan, ya en la substanciación de éstos, ya en las sentencias, en los términos que los definen y castigan el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este Capítulo.

 

ARTICULO 199.- El juez de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, que no suspenda el acto reclamado cuando se trate de peligro de privación de la vida o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, si se llevare a efecto la ejecución de aquél, será castigado como reo del delito de abuso de autoridad, conforme a los artículos 213 y 214 del Código Penal.

 

Si la ejecución no se llevare a efecto, por causas ajenas a la intervención de la Justicia Federal, se le impondrá la sanción que señala el artículo 225 del mismo Código.

 

ARTICULO 200.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, si la procedencia de la suspensión fuere notoria y el juez de Distrito o autoridad que conozca del incidente no la concediere por negligencia o por motivos inmorales, y no por simple error de opinión, se impondrá la sanción que fija el artículo 225 del Código Penal.

 

ARTICULO 201.- La sanción señalada en el artículo 225 del Código Penal se aplicará al juez de Distrito o autoridad que conozca del juicio, en cualquiera de los casos siguientes:

 

I.- Cuando excarcele al quejoso contra lo prevenido en las disposiciones aplicables de esta ley, sin perjuicio de la pena que corresponda y que aplicará por separado la autoridad competente, si con el (sic) excarcelación se cometiere otro delito;

 

II.- Cuando por no dar curso oportuno a las promociones que por su conducto se hagan a la Suprema Corte se retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

 

III.- Cuando sin motivo justificado se suspenda o difiera la audiencia constitucional;

 

IV.- Cuando fuera de los casos permitidos por esra (sic) ley decrete la suspensión del acto reclamado, aunque sea con el carácter provisional, y por virtud de ella se produzca un daño o se conceda una ventaja indebidos.

 

ARTICULO 202.- La falta de cumplimiento de las ejecutorias de amparo imputable a los jueces de Distrito o a las autoridades judiciales que conozcan del juicio, se castigará con arreglo al artículo 213 del Código Penal.

 

ARTICULO 203.- La imposición de cualquiera pena privativa de la libertad por causa de responsabilidad, importa la destitución de empleo y suspensión de derechos para obtener otro en el ramo judicial, en el del trabajo o en el Ministerio Público, por un término hasta de cinco años.

 

 

Capítulo II

 

De la responsabilidad de las autoridades

 

ARTICULO 204.- Las autoridades responsables que en el juicio de amparo, o en el de incidente de suspensión, rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán castigadas en los términos de la fracción V del artículo 247 del Código Penal.

 

ARTICULO 205.- La autoridad responsable que maliciosamente revocare el acto reclamado, con el propósito de que se sobresea en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será castigada conforme al artículo 213 del Código Penal, en relación con la fracción IV del 214 del propio ordenamiento.

 

ARTICULO 206.- La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será castigada con la sanción que señala el artículo 213 del Código Penal, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra.

 

La misma sanción se aplicará cuando deba tenerse por hecha la notificación de la suspensión, en los términos del artículo 33 de esta ley, si llegare a ejecutarse el acto reclamado.

 

ARTICULO 207.- La autoridad responsable que en los casos de suspensión admita fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será castigada con la sanción que fija el artículo 225 del Código Penal.

 

ARTICULO 208.- Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo o cosignada (sic) al juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que se castigará con la sanción que sañala (sic) el artículo 213 del Código Penal.

 

Si apareciere cometido otro delito, el juez de Distrito pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Público que corresponda.

 

ARTICULO 209.- Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo, será castigada con la sanción prevista por el artículo 225, en relación con el 227 del Código Penal.

 

ARTICULO 210.- Siempre que al concederse definitivamente al quejoso el amparo de la Justicia Federal apareciere que la violación de garantías cometida constituye delito, se hará la consignación del hecho al Ministerio Público.

 

 

TRANSITORIOS:

 

ARTICULO 1°.- Esta ley comenzará a regir el día de su publicación en el «Diario Oficial» de la Federación.

 

ARTICULO 2°.- Los juicios de amparo iniciados ante los Juzgados de Distrito contra laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, sean federales o locales, que se encuentren pendientes de resolución ante ellos, al entrar en vigor la presente ley, continuarán tramitándose en dichos juzgados con arreglo a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal de 18 de octubre de 1919; y si se interpusiere revisión, ésta se substanciará y decidirá conforme a la presente.

 

ARTICULO 3°.- Los juicios de amparo que se encuentren pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia, seguirán tramitándose de conformidad con la presente ley.

 

ARTICULO 4°.- Los juicios de amparo que se encuentren en revisión y los promovidos directamente ante la Suprema Corte de Justicia, pendientes de resolución, en que únicamente se afecten derechos patrimoniales, sólo podrán continuarse y decidirse si el agraviado o recurrente lo solicitare dentro del término de seis meses, contado desde el día siguiente al en que entre en vigor esta ley.

 

No haciéndose la promoción a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por desistido al quejoso de su demanda o al recurrente del recurso interpuesto.

 

ARTICULO 5°.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

 

I.- Los juicios promovidos contra las juntas de conciliación y arbitraje, cuando el quejoso o recurrente sea la parte obrera;

 

II.- Los juicios en que el agraviado o recurrente sea el Fisco Federal, o el de algún Estado o Municipio;

 

III.- Los amparos que se relacionen con los bienes que menciona el artículo 27 de la Constitución Federal en su fracción VII, inciso segundo.

 

ARTICULO 6°.- Las competencias promovidas por los jueces de Distrito conforme al artículo 35, fracciones III y IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de 18 de octubre de 1919, que se encuentran pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia al entrar en vigor la presente ley, continuarán tramitándose y se resolverán conforme a aquélla; pero será aplicable, en su caso, lo dispuesto en el artículo 51, párrafo quinto, de esta ley.

 

ARTICULO 7°.- La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que esta ley entre en vigor, obligará, en los términos del artículo 194 de la misma, y sólo podrá modificarse en la forma que previene el artículo 195.

 

ARTICULO 8°.- Se deroga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de fecha 18 de octubre de 1919.

 

Rafael Anaya, D. P.- Dámaso Cárdenas, S. P.- Gustavo Marín R., D. S.- Alejandro Antuna, S. S.- Rúbricas.»

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y cinco.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Silvano Barba González.- Rúbrica.»

 

Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

 

Sufragio Efectivo. No Reelección.

 

México, D. F., a 8 de enero de 1936.- El Secretario de Gobernación, Silvano Barba González.- Rúbrica.

 

Al C…