Época: Décima Época
Registro: 2005137
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. CCCLXIV/2013 (10a.)
Página: 532

PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE REQUIEREN DE UNA PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS).

La Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, fue concebida para consagrar un sistema de cooperación entre Estados, a partir del cual, ante delitos cometidos en contra de personas internacionalmente protegidas, si el Estado Parte no tiene jurisdicción primaria, ya que en su territorio se encuentra el presunto culpable pero ahí no se ha cometido el delito, ni el presunto culpable ni la víctima son nacionales de dicho Estado, el mismo podrá ser requerido a efecto de que opte por alguna de las siguientes opciones: (i) extraditar al presunto culpable a alguno de los Estados Partes con jurisdicción primaria; o (ii) ejercer su jurisdicción sobre tal persona. Al respecto, a consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la definición de persona internacionalmente protegida, la Convención realiza en su artículo 1.1. una clasificación en dos grandes rubros: a) en un primer término, los dirigentes estatales que acorde a sus funciones de alta jerarquía dentro de su respectivo país, se entiende que gozan de una protección especial y, b) en segundo lugar, se prevé un conjunto amplio de personas compuesto por representantes, funcionarios o personalidades de los Estados o de organizaciones intergubernamentales de éstos, mismos que tienen derecho a tal protección especial. Como puede advertirse, el inciso b) de tal disposición normativa se encuentra formulado en términos amplios, toda vez que no reduce el listado de personas internacionalmente protegidas a una definición, sino que solamente enuncia ciertas categorías dentro de las cuales se puede englobar un amplio número de individuos. La naturaleza abierta de la disposición antes indicada fue consagrada de tal manera, a efecto de que la misma fuese desarrollada por la evolución interpretativa que de la Convención realizaran los tribunales internacionales así como las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes. En suma, se trata de una disposición flexible, diseñada para ser adaptada a las necesidades de resguardo de determinados funcionarios estatales que en un principio no hubiesen sido considerados como personas internacionalmente protegidas, pero que acorde a las nuevas necesidades de la comunidad internacional, requieren gozar de tal estatus. Si bien la disposición no puede entenderse con una amplitud tal que permita concluir que cualquier funcionario estatal se encuentre protegido, sí debe interpretarse en el sentido de prever a aquellos funcionarios intergubernamentales que, sin tener la representación oficial de su país, al no poseer una categoría diplomática o consular, acorde a las funciones que se les han encomendado, requieren de una protección especial para el adecuado funcionamiento de las mismas. Si bien es cierto que los funcionarios diplomáticos y consulares, en tanto son representantes de sus respectivos países, necesitan de una protección excepcional para que las respectivas misiones que se han puesto a su cargo funcionen apropiadamente, también lo es que adicionalmente existe una serie de funcionarios intergubernamentales cuyas funciones redundan en que la misión diplomática o consular cumpla con las encomiendas de su país, en razón de lo cual se justifica que gocen de la protección en comento. Toda vez que no existe un listado de tales funcionarios o agentes de otros países que tienen dicho estatus, es necesario realizar un análisis de cada caso en concreto, a partir de la descripción del cargo en cuestión y de las funciones inherentes al mismo.

Amparo directo en revisión 2913/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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